Voluntad política y recursos han caracterizado la gestión educativa del Gobierno de Ollanta Humala en estos cinco años. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con las políticas implementadas, pero el ministro de Educación culmina su mandato con 44 % de aprobación ciudadana, gracias a que ha mantenido una iniciativa dialogante con los gobiernos regionales y es una persona mediática que ha puesto en la agenda pública temas muy sensibles para los políticos y la población, como la mejora de los aprendizajes, la reforma magisterial, la educación superior universitaria, entre otros.

La presencia de gente con experiencia en puestos de confianza y equipos de profesionales comprometidos con la educación también ha sido clave en la implementación de la política educativa. Es el caso de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB): 32 comunidades cuentan con lenguas oficiales, se han elaborado materiales en dos lenguas y se están formado docentes bilingües para garantizar el derecho de niñas y niños a aprender en su lengua materna y el de las comunidades andinas y amazónicas a mantener su diversidad cultural.

Se ha avanzado parcialmente en la Ley de Reforma Magisterial, pero queda aún, a este respecto, un camino largo por recorrer. Por ejemplo, en los últimos cinco años ha aumentado el número de docentes contratados, quienes deben postular todos los años para obtener una plaza, ganan menos que los nombrados y muchas veces tienen que ir a trabajar a zonas rurales alejadas de la ciudad, donde estudia la población más pobre. Para los docentes que están en la escala magisterial alta ha habido mejoras salariales, pero la mayoría todavía gana, en promedio, 1550 soles. El nuevo gobierno ha prometido subir el piso salarial a 2000 soles; si así fuera, nos parece un buen punto de partida que además debería comprender la incorporación de los docentes contratados a la Ley de Reforma Magisterial y mejorar la profesionalización de maestros y maestras.

Por otro lado, siendo la educación una responsabilidad compartida, no se ha avanzado en profundizar la descentralización de la gestión en los tres niveles de gobierno, no se han dado las condiciones políticas ni una ruta clara de descentralización en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Así, el Ministerio de Educación (Minedu) ha centralizado los instrumentos presupuestales confiriéndole más poder a la sede central y debilitando la gobernanza de la educación en los niveles regional y local.

Se ha implantado la Jornada Escolar Completa (JEC) en 1602 colegios, que tienen diez horas pedagógicas semanales más que los demás. Y aunque esta política contribuye a mejorar los aprendizajes, no se han tomado en cuenta los contextos donde viven los estudiantes comprendidos; por ejemplo, se ha instituido esta JEC en algunas instituciones educativas de zonas rurales que no cuentan con infraestructura adecuada: no tienen comedores ni dónde calentar sus alimentos, y los estudiantes no pueden ir a almorzar a casa; tampoco cuentan con docentes para sostener el aumento de horas. Por otro lado, los colegios de alto rendimiento, que atienden a 2400 alumnos a nivel nacional, están generando una mayor segregación en el derecho a la educación, porque se han creado veintidós instituciones educativas que tienen mejores condiciones para aprender, con un presupuesto promedio de ocho veces más por alumno de lo que se invierte en la mayoría de colegios públicos del país.

El nuevo gobierno ha ratificado a Jaime Saavedra como ministro de Educación; la interrogante es si seguirá aumentando el presupuesto del sector, que está cerca del 4 % del PBI. La continuidad y los cambios no van a depender solo del Minedu: la correlación de fuerzas del nuevo gobierno en el Ejecutivo, con minoría en el Legislativo, va a definir también parte de estas políticas educativas; por ejemplo, si la política de EIB, recientemente aprobada, tendrá mayor presupuesto, y si se insistirá en la descentralización para dar mayor protagonismo a los gobiernos regionales en Educación.